El perito es una figura que dentro de los procesos judiciales se hace cada día más necesaria, pues los jueces y magistrados no saben de todo (como algunos creen); son figuras de un conocimiento jurídico amplio y especializados (no todos) en la jurisdicción en la que se encuentran inmersos, donde con sus criterios y las pruebas que se les aporte determinan quién o quiénes tienen la razón del litigio planteado. A la jurisdicción del orden social acuden muchos peritos que suelen ser profesionales colegiados y bajo su responsabilidad emiten informes sobre el conflicto a resolver y con el conocimiento de las disciplinas que a ellos les compete. Olvidando un poco el litigio, pues existen muchísimos, los jueces escuchan atentos a estos peritos judiciales que bajo su responsabilidad y ante las preguntas en comparecencias y en el juicio oral exponen sus conocimientos, por lo que muchos jueces se apoyan en estos dictámenes a la hora de dictar sus sentencias. Es decir, el perito judicial es el soporte en muchísimos casos de la decisión del juez; pero si ese perito no tiene un conocimiento de lo que hace, dará lugar a una decisión finalista colmada de errores y de recursos.
En la jurisdicción social existen peritos cualificados como médicos especialistas, economistas, detectives privados, peritos calígrafos, informáticos… que con sus conocimientos determinan las incapacidades, las regulaciones de empleo por razones económicas o si alguno ha vulnerado su encomienda en el trabajo o simulado una enfermedad o accidente, cosa que hacen con la máxima honestidad y ética profesional, pues saben la influencia de sus informes y manifestaciones. Sin embargo, en otras jurisdicciones -y en concreto en muchos Juzgados de Instrucción, donde la valoración de un perito judicial es también indispensable- nos topamos con algo que no se comprende: muchos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en esa investigación que llevan a cabo, bien por mandato de la Fiscalía o bien por orden judicial, no saben reconocer que muchas de las materias que investigan y valoran están al margen de sus conocimientos, pues muchos informes y actuaciones que se aportan al juez instructor están confeccionados por personas que no conocen leyes que se encuentran en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y del Derecho Mercantil o Civil, haciendo sus valoraciones a ojo de buen cubero y creyéndose que lo que informan es lo válido y presumiendo muchas veces que el investigado es responsable de aquello que se ha puesto en litigio o que ha sido denunciado sin conocimiento de causa por terceros. Es decir, prejuzgando unos hechos que no conocen.
Esto es frecuente y creo que esos jueces de instrucción cuando utilizan a esos miembros de las fuerzas de seguridad deben saber que están limitados en sus conocimientos y no poseen en muchos casos titulación académica alguna ni están colegiados en una Corporación de Derecho Público, como sí lo están los peritos.
Por lo tanto, cada vez más en nuestro país, hay que reforzar a la justicia, pues nuestro Estado de Derecho no se puede sustentar en el corto conocimiento de unas personas que informan y casi deciden sobre la verdad de los hechos ocurridos; es muy grave ver cómo informes policiales están vacíos de contenido y de conocimientos jurídicos, por lo que en materias de esa envergadura los jueces deben recurrir a esos peritos que son los verdaderos conocedores de la realidad. Por ser policía o guardia civil no se sabe de todo y menos de algo que no es de su competencia profesional o no lo han estudiado. Los peritos cobran y los miembros de las fuerzas de seguridad no, eso es verdad (me refiero a la hora del peritaje o informe); y lo fácil es mandar a los primeros a informar e investigar y salir pronto de esa instrucción, pero seguro estoy que si se llama a un perito profesional otro gallo cantaría, y los jueces, que no saben de todo, seguro que harían instrucciones mejores y luego en el Juzgado de lo Penal se pondrían sentencias más de acordes con la realidad, pues muchos ciudadanos pasan por un largo calvario y una triste pena del banquillo que no hubiese sido necesario si un buen peritaje o informe hubiese estado construido por un profesional de la materia.
Las fuerzas de seguridad están para lo que están y desde aquí las felicito por la profesionalidad y la confianza que nos dan a todos. Pero zapatero a tus zapatos, y los peritos judiciales somos los que sabemos de determinadas materias. Así nos ahorraríamos muchos disgustos de ver a personas inocentes pasarlo mal por un mal informe; o lo que ocurre en muchos casos, que se carece a la hora de confeccionarlos del verdadero conocimiento de quien es perito y ha hecho su informe o peritaje con total objetividad y con conocimiento de causa, pues existen muchas especialidades que a veces creemos que no están en el mapa del perito judicial que estos ponen al servicio de la Justicia.